Decisión del Tribunal Superior Electoral genera debate sobre quién debe conocer conflictos electorales
Santo Domingo.- La decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) de declararse incompetente para conocer un recurso presentado contra la Resolución 14-2026 de la Junta Central Electoral (JCE) ha generado un debate sobre cuál tribunal debe resolver este tipo de casos.
Debate por competencia en conflictos electorales
La discusión no se centra únicamente en esa resolución, sino en si corresponde al TSE o al Tribunal Constitucional analizar las impugnaciones contra reglamentos emitidos por la Junta Central Electoral.
Especialistas en derecho sostienen que el TSE fue creado precisamente para conocer los conflictos relacionados con asuntos electorales. Advierten que, si cada vez que se alegue una posible violación a la Constitución el tribunal remite el caso al Tribunal Constitucional, perdería parte de las funciones para las que fue establecido.
Según esta posición, mencionar que un reglamento contradice la Constitución no significa automáticamente que el caso deba ser conocido por el Tribunal Constitucional. Explican que este último tiene funciones específicas, como revisar la constitucionalidad de las normas y proteger derechos fundamentales en los casos previstos por la ley, pero no sustituir a los tribunales especializados.
Juristas defienden rol del Tribunal Superior Electoral
En el caso de la Resolución 14-2026 de la JCE, el argumento es que el conflicto trata sobre la legalidad de un reglamento emitido por la autoridad electoral, por lo que debería ser analizado por el Tribunal Superior Electoral.
También se plantea que los reglamentos administrativos deben ajustarse a lo que establece la ley y no pueden crear nuevas restricciones o modificar disposiciones aprobadas por el Congreso. Cuando se cuestiona que un reglamento excede esos límites, corresponde a la jurisdicción competente revisar si actuó dentro del marco legal.
Los juristas que respaldan esta interpretación consideran que trasladar este tipo de casos al Tribunal Constitucional podría alterar la distribución de funciones establecida por la Constitución y debilitar el papel de los tribunales especializados.
En ese sentido, entienden que el Tribunal Superior Electoral debió conocer el recurso y decidir sobre el fondo del caso. Solo si durante el proceso surgía un tema estrictamente constitucional que escapara a sus atribuciones, podría recurrirse a los mecanismos previstos por la legislación para que el Tribunal Constitucional interviniera.