Exgobernador de Duarte denuncia "judicialización de la política" para debilitar al PLD
San Francisco de Macorís – Luis Núñez, exgobernador de la provincia Duarte, ofreció declaraciones en las que denunció una presunta campaña gubernamental orientada a desacreditar y destruir al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Según el exfuncionario, el tiempo ha comenzado a demostrar que los procesos judiciales en contra de exmiembros de esa organización política carecían de fundamentos sólidos.
Núñez calificó las acciones promovidas por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Gobierno como una "paranoia" institucionalizada cuyo propósito fundamental era, desde un principio, el debilitamiento de la principal fuerza opositora.
El exgobernador hizo hincapié en las recientes variaciones de medidas de coerción y liberaciones de figuras importantes de la pasada administración, tales como Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Fernando Hidalgo. Núñez criticó que se les impusieran meses e incluso años de prisión para que, posteriormente, los tribunales determinaran su inocencia o la falta de sustento para mantenerlos en reclusión.
Ante este panorama, cuestionó el daño moral y psicológico infligido a los imputados y a sus familias: El sufrimiento al que fueron expuestas las familias de los dirigentes durante los meses de reclusión. El uso de presuntos "medios pagados" para destruir la integridad de personas honorables que sirvieron desde el Estado.
Para Núñez, el PLD ha demostrado a lo largo de sus años de gestión ser una organización que "gobierna para el pueblo", lo que, a su juicio, lo convierte en una estructura sólida y respetada por la sociedad dominicana.
El exgobernador expresó su deseo de que estos acontecimientos sirvan como una experiencia para el país. Hizo un llamado a que se respeten estrictamente los procedimientos judiciales establecidos por la ley y exhortó a la sociedad civil y a los actores políticos a garantizar que situaciones de esta índole no se repitan en la República Dominicana, asegurando que la mejor recompensa para los afectados es sentar un precedente de respeto a la institucionalidad y al debido proceso.