La autorización para que aeronaves estadounidenses operen temporalmente desde dos aeropuertos dominicanos, anunciada el miércoles por el Gobierno, forma parte de un esquema limitado, estrictamente técnico y plenamente sustentado en el marco jurídico bilateral que rige desde los acuerdos antidrogas de 1995 y su Protocolo ampliatorio de 2003. La operación se extenderá hasta abril del próximo año y se circunscribe a labores logísticas y de apoyo en misiones regionales de interdicción contra el narcotráfico.